El Gobierno anunció un nuevo subsidio al combustible de tres meses para el transporte terrestre, pero la reacción de los gremios está lejos de ser de alivio. El sector recibe con desconfianza el Decreto de Urgencia N.° 007-2026, publicado el 15 de agosto. Ello, porque teme que el nuevo mecanismo repita los problemas del subsidio anterior. Este último tenía trámites engorrosos, límites de combustible que —según los transportistas— no fueron discutidos previamente y exclusiones que dejaron fuera a determinados operadores.
El decreto establece dos mecanismos. El META-Nacional contempla un apoyo de S/4 por cada galón de diésel B5 o B20 adquirido por empresas de transporte regular de pasajeros de ámbito nacional, regional y provincial y por transportistas de mercancías. En Lima y Callao funcionará un esquema distinto, el META-Lima y Callao, calculado sobre los kilómetros efectivamente recorridos.
El detalle detrás del subsidio al combustible
El nuevo subsidio al combustible tendrá una duración de tres meses. Irá del 16 de agosto al 15 de septiembre, del 16 de septiembre al 15 de octubre y del 16 de octubre al 15 de noviembre. Para el mecanismo nacional, además, el decreto establece límites máximos de combustible reconocidos por vehículo. Estos van desde 552,52 galones para unidades N1 hasta 1.915,41 galones para vehículos M3.
Precisamente este último punto genera preocupación entre los transportistas. Martín Ojeda, gerente general de la Asociación del Transporte Interprovincial de Pasajeros y de Carga (COTRAP-APOIP), considera positivo que el Gobierno haya extendido el apoyo. Sin embargo, pero cuestiona que el Ejecutivo no haya convocado previamente al sector para definir cómo se aplicará.
“Es satisfactorio en el sentido de recibir un subsidio por tres meses más. Sin embargo, es preocupante que no nos hemos reunido para ver cuál va a ser la aplicación de este subsidio al combustible”, sostuvo Ojeda.
Su principal argumento es que el mecanismo anterior, que estuvo vigente durante dos meses, terminó convertido —según afirma— en una experiencia problemática para los transportistas. El dirigente sostiene que cientos de empresas y operadores tuvieron dificultades para utilizar la plataforma destinada a solicitar la devolución de los S/4 por galón.
“La página web es totalmente complicadísima. Tenemos cientos de comunicados de personas que no pueden acceder al sistema de devolución”, afirmó.
Las limitaciones del subsidio al combustible
Ojeda también cuestiona que el Gobierno haya establecido límites al volumen de combustible que podía ser reconocido por cada vehículo. Según el dirigente, esa restricción no fue discutida durante las reuniones con el sector y los transportistas recién conocieron sus alcances cuando se publicó el decreto.
El nuevo decreto, efectivamente, incorpora topes específicos de galonaje para cada categoría vehicular. También establece que las adquisiciones deben estar sustentadas con comprobantes electrónicos. También, que estos deben consignar información como la placa del vehículo y el tipo de combustible. De no hacerlo, la compra no será considerada para calcular el subsidio.
El procedimiento tampoco es automático. Los transportistas deberán presentar una solicitud ante la ATU dentro de plazos determinados y adjuntar documentación que sustente las adquisiciones. La solicitud tiene carácter de declaración jurada y el Estado declarará improcedente cualquier presentación fuera de plazo.
Para Ojeda, ese tipo de condiciones contradice la naturaleza de un subsidio de emergencia. “Un subsidio es temporal, debe ser directo, rápido, sin ningún tipo de traba burocrática. Y lamentablemente, lo que estamos viviendo es caótico”, señaló.
El problema adquiere una dimensión mayor en regiones como Piura, donde un grupo de empresas concesionarias teme quedar fuera otra vez. En un comunicado fechado el 14 de agosto, las empresas concesionarias de transporte público de Piura, que aseguran agrupar a más de 30 años de servicio y una flota superior a 350 buses, solicitaron al Gobierno que las incorpore expresamente al nuevo subsidio.
Qué pasó en Piura tras el subsidio al combustible
Las empresas sostienen que el primer apoyo las excluyó, pese a que sus unidades utilizan combustible diésel, y aseguran que sus vehículos trasladan diariamente a más de 130 mil pasajeros. En su pronunciamiento dirigido a la Presidencia de la República, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a los representantes de Piura en el Congreso, advierten que el incremento del combustible, sumado a la informalidad y a sus costos de operación, amenaza la continuidad del servicio.
Su pedido es directo: ingresar al segundo subsidio y que el Gobierno convoque a los representantes de las concesionarias para conocer su problemática y establecer una solución. El gremio incluso advierte que la situación “ha llegado al límite” y que una reducción del servicio afectaría a miles de usuarios que dependen de estas unidades para llegar a centros de trabajo, colegios, establecimientos de salud y mercados.
La preocupación coincide con la advertencia de Ojeda sobre una posible discriminación. El dirigente cuestiona que en Piura se pretenda excluir a las concesionarias bajo el argumento de que pertenecen a una estructura distinta. “No, señor, usan diésel”, reclamó.
El origen del problema
Para el representante de COTRAP-APOIP, parte del problema nace de una comparación equivocada con Lima, donde algunas concesionarias operan con gas natural. “Se confunden con otras características, como el caso de Lima, que las concesionarias sí usan otra matriz energética amigable, como el caso del gas natural. Entonces, ese desconocimiento origina perjuicios, discriminación”, afirmó.
El temor del sector es que la nueva norma vuelva a generar una larga carrera administrativa para conseguir un apoyo que, por su propia naturaleza, debería llegar con rapidez. El decreto asigna S/60 millones para financiar el META-Nacional y otros S/45 millones para el META-Lima y Callao.
Además, la ATU tendrá un papel central: deberá recibir y validar las solicitudes, cruzar información con el MTC, gobiernos regionales, municipalidades, Sunat y Osinergmin, y establecer los lineamientos operativos dentro de los cinco días hábiles posteriores a la entrada en vigencia del decreto.
Así, el anuncio de un nuevo subsidio no ha cerrado el conflicto con los transportistas. Por el contrario, ha abierto una pregunta que el sector considera central: ¿el Gobierno ha corregido los problemas del mecanismo anterior o simplemente está repitiendo la misma fórmula por otros tres meses?
Para los gremios, la respuesta dependerá menos del anuncio de los S/4 por galón que de la capacidad del Estado para hacer que ese dinero llegue efectivamente a quienes prestan el servicio, sin que queden exclusiones por explicar y sin una burocracia que termine convirtiendo el subsidio en una promesa difícil de cobrar.