El paro de transportistas, que incluye un apagado de motores, se anuncia como medida de protesta contra el alza del combustible y la informalidad que afecta al sector. Gremios de Barranca y Junín reclaman medidas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ante el incremento de sus costos de operación y la competencia del transporte informal.
La Asociación de Transportistas de Buses Interprovinciales de la Región Junín solicitó una audiencia con el MTC para plantear la situación que atraviesan las empresas formales. Según el gremio, el precio del combustible ha elevado los costos de las compañías, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, y amenaza con afectar la continuidad de algunos servicios.
El pedido de los transportistas coincide con la convocatoria realizada en Barranca por el Gremio Provincial de Transportistas de Carga y Logística y la Asociación de Transportistas de Carga Pesada. Ambos gremios anunciaron un paro de transportistas que incluye un “apagado de motores” masivo para el lunes 5 de octubre desde las 6 a.m., como medida de protesta frente al incremento del precio del combustible y la informalidad.
Los dirigentes de Barranca sostienen que el alza del diésel afecta sus operaciones. Por ello, plantean establecer una nueva tabla de fletes para afrontar el incremento de los costos.
Reclamo por el subsidio al diésel
Los transportistas de Junín también cuestionan el alcance del subsidio aprobado por el Gobierno para mitigar el impacto del incremento del combustible.
El Decreto de Urgencia N.° 007-2026 establece un subsidio de S/4 por cada galón de diésel B5 o B20 adquirido por los transportistas que cumplen las condiciones establecidas. El beneficio contempla tres periodos de adquisición entre agosto y noviembre de este año.
El gremio de Junín sostiene que el presupuesto destinado al beneficio no sería suficiente para cubrir la demanda de las empresas que cumplen los requisitos. De acuerdo con la información recibida por la asociación, se habrían presentado más de 6.000 solicitudes. Sin embargo, la disponibilidad presupuestal permitiría atender a unas 1.778 empresas.
Por ello, los transportistas plantean ampliar la partida destinada al subsidio para evitar que empresas formales queden fuera del beneficio pese a cumplir las condiciones.
También solicitan transparencia sobre el proceso. Entre sus pedidos figura que la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informe cuántas solicitudes fueron presentadas y cuántas cumplen con los requisitos. También solicitan conocer cuántas ya fueron atendidas y cuál es el saldo disponible.
El mecanismo para solicitar el subsidio comenzó a operar en setiembre. Las empresas pueden registrar sus solicitudes y validar datos sobre sus autorizaciones, flota y cuentas bancarias.
La informalidad, otro frente de conflicto
Para los transportistas de Junín, el problema no termina con el precio del combustible. El gremio sostiene que las empresas formales deben asumir una serie de costos que no enfrentan los operadores informales.
Entre ellos menciona los gastos relacionados con habilitaciones, seguros, mantenimiento, revisiones técnicas y obligaciones tributarias. Según la asociación, esta diferencia permite que quienes operan al margen de las autorizaciones puedan ofrecer tarifas menores y competir en condiciones distintas con las empresas que cumplen las exigencias.
El gremio pidió, por ello, reforzar los controles en carreteras y terminales. La propuesta contempla una acción coordinada entre la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), la Policía Nacional y los gobiernos regionales.
Los transportistas también plantearon una mesa de trabajo permanente. El objetivo será identificar las rutas y puntos donde se concentra la actividad informal y definir acciones de fiscalización.
Riesgo para las operaciones: paro de transportistas y apagado de motores por alza del combustible
La preocupación del gremio es que la combinación de mayores costos y competencia informal termine afectando la operación de las empresas formales. Según la asociación, si el precio del combustible mantiene su tendencia al alza, algunas compañías podrían verse obligadas a reducir frecuencias, incrementar sus costos para los pasajeros o incluso suspender determinados servicios.
El planteamiento de los transportistas de Junín ocurre mientras distintos gremios del sector reclaman medidas por el alza de los combustibles. En Tacna, por ejemplo, los transportistas realizaron una reciente paralización bajo la modalidad de “apagado de motores”. Entre sus principales reclamos estuvieron el precio del diésel y las condiciones para acceder a los mecanismos de apoyo estatal.
En Junín, la asociación busca ahora que el MTC reciba a sus representantes y atienda sus pedidos sobre combustible, subsidio y fiscalización del transporte informal.
El gremio sostiene que las medidas deben reducir el impacto del alza del diésel. También busca evitar que las empresas formales pierdan espacio frente a operadores que trabajan fuera del sistema.