Las multas de tránsito o transporte en el Perú pueden alcanzar montos que superan ampliamente los ingresos mensuales de muchos conductores: papeletas por exceso de velocidad de apenas 10 km/h puede representar cerca de S/990, mientras que determinadas sanciones aplicadas por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) llegan hasta las 4 UIT, equivalentes actualmente a más de S/22.000.
El problema es que el alto costo establecido en las normas no necesariamente se traduce en una mayor capacidad de disuasión. Según información atribuida a la Policía Nacional del Perú (PNP), los conductores pagan menos del 10% de las papeletas. Esto plantea una paradoja: el país establece sanciones muy elevadas, pero una gran parte de los infractores no llega a pagar esas multas.
Papeletas: multas de tránsito o transporte leve pueden costar casi S/1.000
El exceso de velocidad, por ejemplo, permite dimensionar la magnitud de las sanciones. En el caso de la infracción M20, superar el límite permitido hasta en 10 kilómetros por hora implica una multa equivalente al 18% de una UIT. Con el valor de la UIT, por lo tanto, el monto bordea los S/990.
Si el exceso llega a los 30 km/h, la sanción aumenta hasta el 50% de una UIT, lo que representa aproximadamente S/2.750.
Así, en términos internacionales, los montos resultan elevados. Una multa peruana de alrededor de US$275 por exceder en 10 km/h el límite de velocidad supera ampliamente el monto habitual de una infracción equivalente en numerosos países.
| País | Multa aprox. por +10 km/h |
| Perú | US$275 |
| España | US$116 |
| Francia | US$52 |
| Alemania | US$35 |
| Italia | US$49 |
| Países Bajos | US$35 |
| Bélgica | US$64 |
| Brasil | US$23 |
| Chile | US$70-105 |
| Colombia | US$165 |
| México | US$45-110 |
| Argentina | US$40-150 |
| Reino Unido | US$130 aprox. |
| Irlanda | US$90 aprox. |
| Portugal | US$65 aprox. |
| Grecia | US$40-70 aprox. |
| Polonia | US$20-80 aprox. |
| República Checa | US$40-100 aprox. |
| Hungría | US$50-90 aprox. |
| Croacia | US$40-80 aprox. |
| Eslovaquia | US$30-70 aprox. |
| Eslovenia | US$45-90 aprox. |
| Austria | US$35-80 aprox. |
| Suecia | US$140 aprox. |
| Noruega | US$140-190 aprox. |
| Finlandia | desde US$70 |
| Dinamarca | US$150-200 aprox. |
| Japón | US$60-120 aprox. |
| Corea del Sur | US$30-70 aprox. |
| Australia | US$80-180 aprox. |
| Nueva Zelanda | US$18-50 aprox. |
La diferencia adquiere mayor relevancia cuando se incorpora el nivel de ingresos. Un trabajador promedio de Alemania, Francia o Australia tiene una capacidad adquisitiva muy superior a la de un trabajador peruano. A pesar de ello, frente a determinadas infracciones, el conductor peruano puede enfrentar una sanción nominalmente mayor.
El problema no es solo cuánto se multa, sino cuánto se cobra por papeletas de tránsito o transporte
Una multa elevada puede tener un efecto disuasorio si existe una alta probabilidad de que el infractor sea detectado y termine pagando. Pero si la sanción se impone y luego permanece durante años sin ser cobrada, su capacidad preventiva disminuye.
En concreto, este es uno de los principales problemas que enfrenta el sistema peruano. De hecho, la propia PNP ha señalado que menos del 10% de las papeletas llega a pagarse, sobre todo las multas de tránsito y transporte consideradas desproporcionadas.
En otros países, actualmente, existen mecanismos destinados a elevar la efectividad del cobro. Por ejemplo, sistemas automatizados de fiscalización, los registros integrados y las restricciones para realizar determinados trámites cuando existen deudas pendientes permiten aumentar la posibilidad de que una infracción termine teniendo una consecuencia económica real.
En cambio, en el Perú una sanción muy elevada puede convertirse en una deuda que el conductor intenta impugnar, postergar o llevar hasta su prescripción.
El resultado, entonces, puede ser contraproducente. Si el infractor percibe que la posibilidad de que la multa sea efectivamente cobrada es reducida, el monto establecido en la norma pierde parte de su capacidad para generar temor o modificar una conducta.
Las sanciones de la ATU pueden superar los S/22.000
El mismo problema, además, aparece en el transporte público y el servicio de taxi. La ATU, por ejemplo, contempla multas de 1, 2 y hasta 4 UIT para determinadas infracciones.
Con los valores actuales, sin embargo, las sanciones más altas superan los S/22.000. Se trata de montos que, en determinados casos vinculados con informalidad y accidentes, pueden acercarse. Incluso, superar el valor de un automóvil usado destinado al servicio de taxi.
Además, infracciones que pueden presentarse con mayor frecuencia contemplan multas de S/5.500, S/8.250 o S/11.000. Tabla de sanciones e infracciones del servicio de taxi de la ATU
Para expertos en tránsito, establecer montos muy elevados no garantiza por sí mismo que los conductores modifiquen su comportamiento. Señalan, además, que existen abogados especializados en presentar recursos contra estas sanciones, lo que puede prolongar los procedimientos hasta que algunas multas terminen prescribiendo.
¿Una multa debe ser alta o cobrable?
Por otro lado, quienes defienden el actual esquema de sanciones sostienen que la realidad peruana justifica medidas severas. Los elevados niveles de siniestralidad, además, la informalidad y el incumplimiento de las normas de tránsito son parte de los argumentos utilizados para respaldar multas de gran magnitud.
La posición contraria no plantea eliminar las sanciones, más bien, revisar su proporcionalidad y, sobre todo, garantizar que puedan hacerse efectivas.
De hecho, la comparación con otros países apunta justamente hacia ese aspecto. De esta manera, mejores resultados en seguridad vial no están, necesariamente, asociados con las multas de mayor monto. También dependen de que las normas sean fiscalizadas de manera constante y de que las sanciones impuestas tengan consecuencias reales para quienes las incumplen.
El Perú enfrenta así una contradicción: cuenta con multas que pueden representar varios meses de ingresos para un conductor, pero al mismo tiempo registra un nivel de pago muy bajo. La discusión, por tanto, no pasa únicamente por decidir cuánto debe costar una infracción, sino por determinar si el sistema consigue que esa sanción sea efectivamente cumplida.